Hacía exactamente 19 días María Elena se había tragado una bombilla. Una (nueva) autoagresión. Puso el cuerpo y arriesgo la vida para llamar la atención sobre sus derechos vulnerados, alertando de la violencia, los excesos, los abusos y la disrupción de sus vínculos familiares: ese circuito de desequilibrios, segregaciones y expulsiones que el encierro no resuelve, sólo agrava.

el lunes 8 de octubre falleció Maria Elena Frette, (30 años), condenada alojada en el Instituto Pelletier, Unidad Penal 3 de Corrientes.

La noche del 19 de Septiembre el Hospital Escuela no la recibió. No había cama. La llevaron al Hospital Vidal: una y otra vez. Así como iba, volvía, con una placa que registraba que en su aparato digestivo había un caño de unos 15 centímetros, objeto extraño que el hospital no estaba dispuesto a sacar. A menos que hubiera una perforación intestinal, le decían en la guardia.

Vaselina, laxantes, calmantes…Ese fue todo el tratamiento que le dieron. Dejó de comer, se doblada por el dolor. Sus compañeras de cautiverio la cuidaban, avisando a quien quisiera oír que agonizaba en la celda. Intentaron llevarla a otro hospital, el Llano, pero trabas burocráticas vinculadas a su derivación impidieron la asistencia. Finalmente, en estado de shock y ya con peritonitis, fue internada y operada en el Hospital Vidal el domingo 7 de Octubre, y falleció de una sepsis generalizada en la madrugada del 8 de octubre.

La Red Provincial de Derechos Humanos de Corrientes, junto al Observatorio de Conflictos Sociales en el Nordeste Argentino (OCSo-NEA), tiene registradas más de 30 muertes en lugares de detención sólo en la última década: el 60 por ciento fueron muertes por cárcel. Y lo más significativo: casi la mitad ocurrieron a causa del abandono de las instituciones y agentes estatales

Una muerte más bajo la responsabilidad del Estado. Estado que la encarceló por haberse defendido de una violación. Maria Elena estaba presa por resistirse a una agresión sexual: como el caso nacional de Higui, pero con otro desenlace. Ese Estado-Padre que en Corrientes somete a las mujeres presas a un gobierno dual (Servicio Penitenciario y Las Hermanas del Buen Pastor) donde imperan las monjas y sus hábitos monacales: la realidad en el Instituto Pelletier guarda siniestras semejanzas con la ficción The Handmaid’s Tale.

La justicia patriarcal -que en Corrientes absuelve a femicidas, o no los busca, o mete presa a una mujer durante 13 años acusándola de asesinar a un hijo que nació muerto– la sentenció por su condición: ser mujer y pobre. María Elena vivía en el barrio Patono, un margen urbano: ribereño arrabal donde, el año pasado, Abril Fernández, de 15 años, fue drogada con cocaína hasta la sobredosis y abusada por al menos dos hombres.  

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Las muertes por cárcel son producto de la combinación de las políticas, lógicas, relaciones e intereses  que impone la institución carcelaria en tanto sus vidas están a cargo de la administración penitenciaria. Y pone en evidencia las responsabilidades compartidas  de todos los actores que debieran, al menos en la letra, cumplir con el deber de custodia de la vida y la salud de las personas que han sido privadas de libertad por el poder punitivo del Estado: servicio penitenciario, agentes de la administración pública, funcionarios judiciales, poder político, sistema de salud pública; o sea todos los que -en mayor o menor medida- gestionan la vida de las personas que circunstancialmente están bajo la custodia del Estado.

Morir en la cárcel

La Red Provincial de Derechos Humanos de Corrientes, junto al Observatorio de Conflictos Sociales en el Nordeste Argentino (OCSo-NEA), tiene registradas más de 30 muertes en lugares de detención sólo en la última década: el 60 por ciento fueron muertes por cárcel. Y lo más significativo es que casi la mitad ocurrieron a causa del abandono de las instituciones y agentes estatales que administran el sistema penitenciario mientras. Sólo un 20% de estos casos se produjeron por actos de violencia entre la población. A la desidia que mató a María Elena, como también mató a Silvia, se suman las autolesiones (ahorcamiento y quemaduras), producto de la misma estructura penal que somete a más de mil de personas (y miles más en el resto de Argentina) al hacinamiento, la inactividad y la ignorancia.

María Elena quería salir del encierro porque es el encierro el que mata.

Datos que concuerdan con el informe de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires sobre la situación carcelaria en Corrientes entregado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Incluso el gobernador Gustavo Valdés (que conoce del tema porque en 2012, siendo ministro de Gobierno de Ricardo Colombi, “bajó” para intervenir en un motín) admite el problema. Pero, lejos de anunciar solución, la única medida en tratativas es trasladar la población Unidad Penal 1 (casi 600 internos: una superpoblación que roza el 70%) a otra cárcel que ya excede su capacidad para entregar el predio -ubicado frente a la explanada del puente interprovincial Chaco Corrientes- a especuladores del negocio inmobiliario.           

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No hubo salvaguarda a su integridad física y psicológica, a su derecho a tener salud o -por lo menos- a acceder a una asistencia hospitalaria adecuada. Total, era solo una mujer presa, consuetudinaria autolesionado, al decir del director del Hospital Vidal. Descargo descalificante: siempre es fácil culpar a la víctima y diluir las responsabilidades de todo ese engranaje represivo que culmina en una muerte por cárcel.

María Elena quería salir del encierro porque es el encierro el que mata.

Silvia: una inmensa disidencia

*Las ilustraciones de esta nota son obras del artista Alejandro Pizarro.

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