Por SEGUNDO DAVID PERALTA 

Ingenua creencia en la legalidad, la de pensar que “las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo ni tormento de los reos”. La cárcel es un invento moderno para correr del eje de la “justicia”  de lo particular a lo público, del suplicio al disciplinamiento y la correción: ya no apalear en la plaza a modo de condena ejemplificadora sino encerrar, vigilar y castigar. Adentro el Estado tiene margen de desplegar todos sus vejámenes sin provocar la indignación popular aún cuando el resultado es un asesinato. Y es que como dice Silvestri- la prisión, en tanto proyecto humanitario para la reinserción social, nace muerta.

El martes, en Corrientes; el miércoles, Florencio Varela; el viernes, Devoto. El costo: dos hombres -José María Candia y Federico Rey- asesinados por el aparato represivo de Estado, un centenar de heridos, uno que otro funcionario de tercera línea removido y penitenciarios “sumariados”.

“Un grupo de presos explicó que no quiere hablar con autoridades penitenciarias ni con representantes del Poder Ejecutivo, la exigencia que presentaron es tener una comunicación con funcionarios de la Cámara Federal de Casación Penal que a principios de mes había resuelto que los jueces y tribunales adopten recaudos para reevaluar los casos de detenidos con prisión preventiva, dando prioridad a las personas con mayor riesgo para la salud frente a un eventual contagio de coronavirus”, se podía leer en medios hegemónicos durante la lucha “cuerpo a cuerpo” -en sentido literal- que desde el lunes vienen llevando adelante personas privadas de su libertad en cárceles argentinas, tras detectarse la circulación y contagio de coronavirus. El martes, en Corrientes; el miércoles, Florencio Varela; el viernes, Devoto. El costo: dos hombres -José María Candia y Federico Rey- asesinados por el aparato represivo de Estado, un centenar de heridos, uno que otro funcionario de tercera línea removido y penitenciarios “sumariados”.

Los diez disparos que exhibía su cuerpo desmintieron en menos un día la versión oficial -propagada por el gobierno y replicada por los medios- de un “deceso producido por una herida de arma blanca en contexto de reyertas entre pabellones”.

José María Candia, de 22 años, debería haber estado su casa y no muerto. A los 18 años robó un celular a una vecina: valía $6.000. En septiembre de 2017, el Tribunal Oral Penal Nº 2 revocó la suspensión del juicio a prueba -al que había accedido un año antes comprometiéndose a cumplir reglas de conducta, y con la aceptación de la damnificada-  porque “omitió denunciar su cambio de domicilio”.  José María -o “Kevin”, como le decían en el barrio- se peleó con su mamá y enojado se fue a vivir con su papá. El informe policial dice lo buscaron varias veces pero nadie atendió…

Lo condenaron a 6 años y los estaba cumpliendo cuando fue fusilado por el servicio penitenciario y la policía. Los diez disparos que exhibía su cuerpo desmintieron en menos un día la versión oficial -propagada por el gobierno y replicada por los medios- de un “deceso producido por una herida de arma blanca en contexto de reyertas entre pabellones”.

En Argentina casi 50% de la población carcelaria (43.597 personas, a 2018) está presa sin tener una condena firme. Gente inocente que aguarda el veredicto encerrados en condiciones infrahumanas

El  14 de abril la Cámara Nacional de Casación Penal  de país recomendó a los tribunales federales y nacionales que otorguen prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a los presos en prisión preventiva por delitos no violentos condenados a penas de menos de 3 años, que estén en condiciones de tener salidas transitorias, mujeres embarazadas y miembros de los grupos de riesgo a raíz del coronavirus”. Un dato soslayado es que en Argentina casi 50% de la población carcelaria (43.597 personas, a 2018) está presa sin tener una condena firme. Gente inocente que aguarda el veredicto encerrados en condiciones infrahumanas (como la Unidad Penal 6 de Corrientes y la 8, de Goya: un ex hospital donde los reclusos apresados en los sótanos hasta tenían que defecar en bolsas de plástico). Al hacinamiento sumamos una pandemia y el distanciamiento físico: las cárceles son centros de exterminio de la población criminalizada.

Son estos indicadores socioeconómicos y raciales los que demuestran que el Estado escoge a quién excluir y exterminar de la sociedad.

Población criminalizada es aquella que es seleccionada por asimilarse al “enemigo público”  (lo que explica por qué la población carcelaria es homogénea: mayoritariamente son varones, de bajos ingresos y bajo nivel de escolarización); son estos indicadores socioeconómicos y raciales los que demuestran que el Estado escoge a quién excluir y exterminar de la sociedad.

Pedir “mano dura” para el violador implica legitimar la violencia estatal contra otras personas presas, como las mujeres criminalizadas por narcomenudeo, o por haber abortado o por haber asesinado a un hombre en legítima defensa.

¿Y qué pasa con los violadores? Primero, la criminalización funciona a los fines del Estado -por eso el gran kiosquito de narcotráfico y redes de trata, con rostro de policía, no sería nada sin su complicidad- y no a nuestros fines. 

Pedir “mano dura” para el violador implica legitimar la violencia estatal contra otras personas presas, como las mujeres criminalizadas por narcomenudeo, o por haber abortado o por haber asesinado a un hombre en legítima defensa. 

Raramente en una cárcel vayamos a ver a los rugbiers que nos violan a nosotras, los “hijos del poder”, los “nenes bien” que nos violan en el departamento de papi. No. Se tratará quizás de un tío del interior, con la escuela primaria incompleta y muy bajos recursos (no es una opinión, son estadísticas) que le impiden pagarse un buen abogado y por eso – no por violador- acabará en la cárcel. Sin poder contratar a un defensor particular astuto capaz de dilatar los procesos hasta hacer expirar la causa, los violadores presos son parte de la misma población criminal que la desigualdad sistémica del capitalismo crea y la lógica punitivista estatal seleccionada, reproduciendo un sujeto institucional -el delincuente- que encubre las ilicitudes de la clase dominante, a la que pertenecen gobernantes y operadores judiciales.

Porque la puerta giratoria no es para todes.

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