“Dicen que entrás y no salís más.
Es una forma de decir, que te hacen concha”

Tubo, María Medrano

El 2015 fue el año en que la furia de las mujeres estalló en Argentina, declarándole la guerra a la violencia machista. Desde entonces, cada 3 de junio miles de mujeres e identidades disidentes nos congregamos en las plazas  de todas las ciudades para manifestarnos en contra de todas las expresiones de violencia hacia las mujeres, trans, travestis y lesbianas, cuya máxima expresión es el femicidio. No obstante, sabemos que existen también otras expresiones de esta violencia que, muchas veces, quedan invisibilizadas, como es el caso de las mujeres privadas de su libertad.


El género, la clase social, los pocos recursos materiales y el escaso acceso a la educación -entre otros- generan un combo que expone a las mujeres presas a la más cruda violencia represiva y patriarcal.

Esto necesariamente nos lleva a preguntarnos: Cuando decimos Si tocan a una nos tocan a todas, ¿estamos realmente pensando en todas las mujeres? No estamos todas, faltan las muertas. Sí, y también las presas. Aquellas que están tras las rejas sin poder salir a reclamar por sus derechos; las tantas veces silenciadas y violentadas por un sistema punitivista y patriarcal; las que nadie quiere representar porque no son ‘buenas víctimas’, sino ‘delincuentes’.  

Mientras que la situación actual expone cómo la violencia institucional va en aumento gracias a un gobierno que la avala y legitima, las cárceles no escapan a esa lógica y las mujeres en contexto de encierro también sufren esta violencia en niveles desmedidos. El patriarcado se hace presente de formas extremas y busca quitar todo rasgo humano a quienes han sido invisibilizadas a lo largo de los años por haber cometido un delito. La condena social las aplasta y las aleja de la sociedad. El género, la clase social, los pocos recursos materiales y el escaso acceso a la educación -entre otros- generan un combo que expone a las mujeres presas a la más cruda violencia represiva y patriarcal.

Pensar en esta población privada de la libertad a través de la perspectiva de género nos permite reconocer los contextos en que estas mujeres llegan a esta instancia. Casi en la totalidad de los casos, las mujeres presas sufrieron situaciones de violencia y también de discriminación en diferentes ámbitos.

Por un lado, observamos que la coyuntura política actual se caracteriza por darle mayor entidad a las fuerzas de seguridad y deja en sus manos decisiones que definen la integridad de las personas mientras que, por otro, realidades contundentes como la feminización de la pobreza, la marginación, la falta de trabajo y el nulo acceso a oportunidades hicieron crecer de manera significativa la población de mujeres en contexto de encierro en las cárceles correntinas, las cuales atraviesan situaciones de superpoblación y hacinamiento.

En este sentido, los números revelan con contundencia la violencia y desidia estatal. Según un informe publicado en 2018 por el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA -en el cual se contabilizan muertes producidas en Corrientes, Chaco y Misiones desde 2008 hasta el año pasado- “más de la mitad de asesinatos por parte del aparato represivo del Estado registrados en la última década ocurrieron en cárceles y comisarías”. En la introducción, subrayan dos casos que resonaron en la sociedad correntina: el de María Elena Frette y Paola Ferreyra, ambos ocurridos en el 2018.


Hacía exactamente 19 días María Elena se había tragado una bombilla. Una (nueva) autoagresión. Puso el cuerpo y arriesgó la vida para llamar la atención sobre sus derechos vulnerados, alertando de la violencia, los excesos, los abusos y la disrupción de sus vínculos familiares: ese circuito de desequilibrios, segregaciones y expulsiones que el encierro no resuelve, sólo agrava.

Como sabemos, los contextos de encierro -lejos de conseguir que la persona “se reinserte en la sociedad”- buscan aislar o distanciar a determinados tipos de sujetos del resto de la sociedad. Michael Foucault (filósofo francés) se refiere a las cárceles como heterotopías de desviación: son, justamente, aquellos espacios en los que se ubica a lxs individuos cuyo comportamiento está desviado con respecto a la norma exigida.

Pensar en esta población privada de la libertad a través de la perspectiva de género nos permite reconocer los contextos en que estas mujeres llegan a esta instancia. Casi en la totalidad de los casos, las mujeres presas sufrieron situaciones de violencia y también de discriminación en diferentes ámbitos. En el 2018, al menos 15 mujeres presas en el Pelletier fueron condenadas o procesadas por matar a sus parejas (esposo o cónyuge), la mayoría de ellas después de haber padecido violencia de género y sin que sus causas fueran revisadas. Por ello, no es menor reflexionar acerca de las circunstancias en que estas mujeres llegan a los establecimientos penitenciarios y de cómo en estos lugares la violencia se ve incrementada por su género.   

Los hechos ocurridos dentro de un penal nos llevan a reflexionar acerca de qué derechos son los que se les quitan a quienes están privadas de su libertad, sin atender a las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.


Resulta alarmante el trato inhumano que muchas de ellas sufren y las condiciones indignas a las que son expuestas día a día ante un Estado que las excluye e invisibiliza. Este es el caso -entre tantos otros- de la Comisaría N°2 de la Mujer y el Menor ubicada en el Barrio 17 de agosto de la ciudad de Corrientes. Allí, al menos 10 mujeres se encuentran privadas de su libertad en condiciones de alojamiento y detención. Solo dos de ellas están procesadas. Llevan entre ocho meses y 15 días de detención. La mayoría son madres de menores de edad. La comisaría cuenta con dos celdas de aproximadamente 3×3 metros, con dos camas cada una, donde se alojan entre tres y cuatro personas.

La situación en la que conviven allí expone la desidia del Estado al hacerlas dormir en colchones sobre el piso húmedo, bajo una galería que cuando llueve se inunda. La calidad de la comida es pésima y restringida, se reparte una ración diaria al mediodía. Tienen autorizado el uso de la pava eléctrica sólo a través de la reja. Tampoco se  les permite tener radio, ventilador o cualquier otro artefacto eléctrico. No cuentan con sillas, sábanas o frazadas para hacerle frente al frío. Tampoco tienen la opción de desarrollar alguna actividad productiva, educativa o recreativa. A raíz de esta situación, la Red de Derechos Humanos de Corrientes (de la cual se ha extraído la información anterior), está llevando adelante una Campaña para las presas Comisaría N°2 de la Mujer, pudiendo colaborar con colchones, camas de una plaza, sábanas, frazadas y ropa de invierno para mujeres y niñxs.   

Los hechos ocurridos dentro de un penal nos llevan a reflexionar acerca de qué derechos son los que se les quitan a quienes están privadas de su libertad, sin atender a las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos que deberían ser contemplados y aplicados. Las mujeres en contextos de encierro son un grupo especialmente vulnerable por múltiples razones, muchas de ellas tienen historias personales difíciles marcadas por la violencia doméstica, el abuso sexual y la pobreza. La opresión que sufren las mujeres en todos los niveles y estratos de la sociedad se refleja, e incluso se agrava, en los establecimientos penitenciarios.

No podemos dejar de decir que existe también dentro de las cárceles una población quizás aún más azotada y olvidada que las mujeres: las personas trans y travestis.


“Arrojada a los fríos pisos del sagrado suelo. Con no más que un colchoncito y una débil frazada. Fueron noches de tos, dolores y alaridos. Noches eternas, de oscuridad profunda y húmeda. Y así fue nomas: una noche sin nombre ni origen pasó la muerte por ella, con toda su piedad y dio por terminada su condena”.

Por esta razón, las políticas penitenciarias relacionadas con las mujeres deberían basarse en las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres”, mejor conocidas como Reglas de Bangkok. Esta normativa establece los estándares que deben cumplir todas las instituciones que intervienen en el proceso penal y así velar por la integridad física y psíquica de las mujeres que atraviesan los mismos.  Asimismo, no podemos dejar de decir que existe también dentro de las cárceles una población quizás aún más azotada y olvidada que las mujeres: las personas trans y travestis. Tal fue el caso de Silvia, una persona travesti con VIH, quien en 2012 murió en una cárcel para hombres de Corrientes en completo estado de abandono.

Dentro del movimiento feminista hay quienes sentimos la necesidad y la obligación de denunciar la violencia ejercida hacia las mujeres presas dentro de la cárcel tanto como la invisibilización a la que se ven sometidas fuera de ella. Porque el abandono es urgente, y la desidia insoportable.  

Fuente: Red DDHH - Corrientes 
Foto de portada: Ivana Carballo

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