Al tiempo que publicábamos  una nota denunciando el incremento de la represión policial hacia la juventud pobre de Corrientes mediante la aplicación de las “reglas de procedimiento en caso de flagrancia”, leímos que el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA expresaba su preocupación ante la presentación en cámara de diputados de un proyecto para una nueva Ley Antipiquetes, impulsada por el gobierno chaqueño. Provincias hermanas, iguales pero distintas: Chaco y Corrientes sienten, cada a una a su modo, el piedra libre a la mano dura de la gestión nacional Macri-Bullrich-Garavano.

El OCSo-NEA realiza desde el  2015 matrices para el análisis sistemáticos de los hechos de protesta en Chaco y Corrientes. Los primeros resultados exponen diferencias cuantitativas y cualitativas en la conflictividad social en ambas provincias. Algunos de esos aspectos ya habían sido advertidos por investigadores integrantes del Observatorio. Por ejemplo en el número de Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD), significativamente mayor en Chaco. 

El sentido común de un habitual usuario del Chaco-Corrientes haría creer que también hay más piquetes en Resistencia que en Corrientes Capital. Datos provisorios del revelamiento comparativo 2017 (que Ocso-NEA se encuentra ajustando para un próximo informe)  dan cierto crédito esa inferencia, no obstante -en declaraciones pública- el Observatorio hizo notar que “hay cuatro veces más paros que piquetes” en Chaco pero no por eso el gobierno mandó un proyecto de ley para meter presos a lxs empleadxs públicos que cesan sus actividades en reclamo de mejoras salariales y laborales. 

Otra investigación que prepara el OCSo-NEA es un registro sobre personas asesinadas  por el Aparato Represivo del Estado entre 2008 y 2018. Desde el organismo, inserto en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE),  adelantaron dos datos que aportan mucho a esta presurosa caracterización de la conflictividad social en ambas orillas del río Paraná. El primero: Chaco al menos tres muertos en represión a la protesta social (Florentín Díaz, en 2013; Macelino Romero, en 2014; Angel Verón, en 2015); Corrientes ninguna (hay que remontarse  hasta el correntinazo de diciembre de 1999: cuando Gendarmería mató a Mauro Ojeda y Francisco Escobar). El segundo: en Corrientes el registro de casos indica un número más alto (casi 30%) de muertes por violencia policial e institucional durante la década analizada siendo la víctima promedio varón, joven y de condición humilde.    

“Bajo la figura de la flagrancia, dichas fuerzas tienen la facultad de aislar, identificar y detener a los participantes de una protesta, sin explicitar concretamente de qué modo se habrá de limitar el uso de la fuerza dispuesto en el mismo artículo”. 

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La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CorrePI) distingue dos tipos de represión del Estado:

1. La preventiva que busca aplicar el control social a los sectores pobres,  la represión se descarga en particular sobre lxs jóvenes, para disciplinar sus cuerpos y conductas en el respeto al orden y la autoridad. Sus expresiones más habituales son las detenciones arbitrarias, las torturas y muertes en cárceles y comisarias, el gatillo fácil.  

2). La selectiva:  destinada a los mismos sectores pero en sus segmentos organizados (movimientos sociales y sus militantes). Utiliza dos métodos esenciales: la represión directa bajo la forma de ataque a movilizaciones y manifestaciones (amenazas, aprietes, represión, secuestro y tortura) y la criminalización de la protesta a través de mecanismo burocráticos urdidos por y entre los poderes legislativo y  judicial. 

La detención en flagrancia es clave en las dos modalidades. 

“Pregunta: quién, cómo y cuándo se podrá determinar objetivamente la ‘vehemencia’ de la prueba policial si es la propia fuerza la que hace las actuaciones sumariales en menos de 24 horas”. 

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Entre las modificaciones que el ejecutivo en Chaco quiere hacer a la Ley sobre “Criterios mínimos de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas” (Nº 2.399-J) a través del proyecto de Ley N° 1945/2018 figura el artículo 7, el cual reza: “Ante el incumplimiento de la orden recibida, se les solicitará a los manifestantes que depongan el corte y se trasladen a la zona determinada por la autoridad local, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de delitos cometidos en flagrancia, (….) procediéndose a intervenir la manifestación”. 

Desde OCSo-NEA cuestionaron que “bajo la figura de la flagrancia, dichas fuerzas tienen la facultad de aislar, identificar y detener a los participantes de una protesta, sin explicitar concretamente de qué modo se habrá de limitar el uso de la fuerza dispuesto en el mismo artículo”. 

Mientras, en Corrientes, la Red de DD.HH. se pronunció respecto a las “Reglas de procedimiento”: “la determinación de flagrancia surge de haber ‘pescado’ a alguien cometiendo un delito pero también de los indicios ‘vehementes’, dice en el Procedimiento. Pregunta: quién, cómo y cuándo se podrá determinar objetivamente la ‘vehemencia’ de la prueba policial si es la propia fuerza la que hace las actuaciones sumariales en menos de 24 horas”. 

En los dos casos es facultad de agentes y fuerzas represivas la plena responsabilidad de determinar que tal o cuál acción es delito. 

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Flagrante es algo que flagra, que arde, que resplandece como el fuego. Sirve de metáfora para nombrar a esa acción que se está ejecutando y que resulta tan evidente que no necesita mayor prueba. Lo flagrante tiene que ver con la inmediatez, y con la capacidad de detectar el “delito” en el momento del acto: en el ahora

En cada extremo del puente la flagrancia se aplica a discreción: siempre hacia a lxs de abajo. Funciona como un acelerador en cada política estatal represiva predominante: la preventiva en Corrientes y la selectiva en Chaco.  Un eslabón de la violencia que el Estado descara sobre estos sectores y clases potencialmente revolucionarios, cadena que condena a vivir en la miseria: negación de la dignidad.  

La desigualdad social ya es insoportable y los gobernantes lo saben. La flagrancia no es más que una barrera judicial que ampara y amplía el poder de los agentes de las fuerzas represivas ante una inminente intensificación del ajuste. 

Flagrante es algo que flagra, que arde, que resplandece como el fuego. Sirve de metáfora para nombrar a esa acción que se está ejecutando y que resulta tan evidente que no necesita mayor prueba. Lo flagrante tiene que ver con la inmediatez, y con la capacidad de detectar el “delito” en el momento del acto: en el ahora

Ante el final del “gradualismo” la urgencia está en todos lados: urgentes son los reclamos del pueblo movilizado y urgente es la precariedad e indigencia que vivimos.

Punto en común: pobreza y necesidad de criminalizarla.

La represión es como agua tratando de sofocar un fuego encendido en Chaco, en Corrientes y en Argentina.

Ante el proyecto de Ley Antipiquetes en el ChacoDOCENTES E INVESTIGADORES DE LA UNNE RECHAZAMOS LA CRIMINALIZACIÓN DE…

Posted by Observatorio de Conflictos Sociales del NEA on Sunday, May 20, 2018

 

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