LA VIOLENCIA DEL ESTADO A 42 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO-MILITAR-CLERICAL

 

Voy en bici por calle Elías Abad, a contramano. Un viernes a la noche. Llegó a avenida Teniente Ibáñez; la entrada al barrio Trujillo: la plaza Los Caballos, único lugar que conozco en Corrientes donde santuarios al Gauchito Gil son troncos de Palos Borrachos. Una camioneta negra -luces apagadas, patente invisible- dobla, y chirrían las llantas al raspar el asfalto. Sigue veloz, en dirección contraria al cráter que está una cuadra al fondo; ese negativo de una postal de la rotonda de Costanera Sur. A los segundos lo perdí de vista: el espectro se evanesió en el suburbio.
¿Qué hacían? ¿Quién los controla? ¿Qué haría yo si me pararan? ¿Esto es “seguridad”? Pienso, pedaleo, me alejo…


El 24 de agosto de 2014, ahí -en el Trujillo- la Policía mató a Alfredo “Pachu” Fernández (19 años). Lo ejecutaron de un tiro en la cabeza durante una razzia afuera de una casa donde él y sus amigxs habían ido a festejar un cumpleaños. Seis meses antes, Mariano Barrientos (19 años), otro joven de la misma zona, fue asesinado por policías cerca de la playa Arazaty. En el barrio dicen que esa noche a Mariano lo corrían “los de La Brigada”.

Tortura. Asesinatos. Desaparición forzada de personas. Se acumulaban casos con cada año que sumábamos de democracia. Denuncias de organismos nacionales e internacionales. Hasta la prensa local hablaba de la “policía brava” de Corrientes.

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1983 no fue el año en que terminó la última dictadura cívico-militar argentina. El retorno de la democracia representativa y la puesta en vigor de los derechos constitucionales nunca ha sido ni es plena. Lo sabemos. Todxs sabemos que en cárceles y comisarías se tortura y se mata: que son centros clandestinos de detención. 2018 -42 años del Golpe- y hay instituciones (como también hay leyes) que funcionan como si aún fuese 1976 o 1978.
La Brigada es un ejemplo. La chata negra eran ellos (a veces también se manejan en una camioneta blanca sin matricula). Policías de civil que entran a los barrios, villas y asentamientos con el pretexto de “atrapar chorros” y se llevan pibes que a veces no vuelven. La fama les viene de los ‘90, la década de Carlos Menem y “Tato” Romero Ferís, pero ese accionar es prolongación sin hiato del tiempo de los milicos: cuando la Jefatura de Policía de Corrientes era lugar de tránsito de futuros desaparecidxs, como Máximo Ricardo Wettengel.

Imagen tomadas el 24 de marzo de 2016 durante una pérformance frente a la Jefatura de Policía (Foto: Carlos Braile).

Tortura. Asesinatos. Desaparición forzada de personas. Se acumulaban casos con cada año que sumábamos de democracia. Denuncias de organismos nacionales e internacionales. Hasta la prensa local hablaba de la “policía brava” de Corrientes.

La intervención federal (1999-2001) se instauró con represión y muerte: Mauro Ojeda y Francisco Escobar fueron ejecutados por el Estado. Un fusilamiento extrasumarial con rifle francotirador. Una calurosa jornada de diciembre que amaneció con tiros y gases y oscureció con tormentos a detenidxs y el llanto de mujeres pobres. El primer interventor, el radical Ramón Mestre (tutor político de Ricardo Colombi y sus adláteres), otorgó mediante el decreto N° 33 a la Policía de Corrientes la potestad demorar a cualquier persona durante 24 horas sin dar aviso a las autoridades judiciales bajo el argumento de la “averiguación de antecedentes”. Esa policía heredó Colombi, esa misma que la noche del 20 de diciembre de 2001 (a diez días de asumir el primero de sus tres mandatos como gobernador) fusiló a Ramón Arapí, de 20 años.

Sergio Daniel Romero, 22 años, y Matías Martínez, 19 años, estaban por averiguación de antecedentes en una celda de la comisaría 7ma convertida en infierno esa noche del 19 de enero de 2006. Ambos y Ricardo Edgardo Pared, de 17 años, murieron en días subsiguientes por las quemaduras. Ningún policía fue llevado a juicio: el único condenado fue otro detenido.
Por averiguación de antecedentes fue que los policías de la comisaría de Riachuelo levantaron a Alexis Banítez, de 18 años, el viernes 2 de marzo de 2018 a las 15.10: tres horas después estaba muerto. Es el primer caso en apenas tres meses de gobierno de Gustavo Valdés, el pupilo de Colombi, y quien fuera responsable la Policía y el Servicio Penitenciario entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015. Una semana antes la gestión Valdés entregó las motos en las que movían los agentes que demoraron a Alexis.

La dictadura nunca se fue (del todo). No puede ni podrá irse: el ejercicio de la violencia es inherente al Estado: el Estado se funda en la violencia, no importa si su encarnación viste uniforme militar o traje sin corbata. Es dominación. Es subordinación a un orden.

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Según Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CoRePI) , desde 1983 a 2017 en Corrientes -al menos- 114 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado. En toda la Argentina, desde el retorno de la democracia, se han contabilizado 5.462 víctimas.
Cuarenta y dos años. ¿Cuántos pliegues sórdidos perviven? ¿Cuántas prácticas perversas (sádicas) permanecen incólumes tras las puertas y chapones enrejados que una mayoría prefiere mantener cerrados? ¿Será que el Terror que el Estado implantó en la población desde aquel 24 de marzo de 1976 perdura en los “hijos de la democracia”?
O acaso ya no escuchamos más decir la frase, tan de esa época: “¡No te metás!”

Se tortura. Se viola. Se mata. Se desaparece. Hoy. Ahora. Y, mientras, algunxs comen panchos con salsitas y lluvia de papas, y otrxs, pizzas en porción.

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La dictadura nunca se fue (del todo).
No puede ni podrá irse: el ejercicio de la violencia es inherente al Estado; el Estado se funda en la violencia, no importa si su encarnación viste uniforme militar o traje sin corbata. Es dominación. Es subordinación a un orden. Y en Argentina, desde 1810, ese orden ha sido el capitalismo.
Sí, hubieron logros. Con la Lucha Social. En las calles -siempre en las calles- se ganó algo justicia. Videla y Bignone murieron en la cárcel. Se han encontrado más 1200 cuerpos de desaparecidxs y 117 nietxs apropiados han sido recuperadxs. Siguen los juicios. Pero olvidar que esa maquinaria letal que aniquiló a 30.000 personas no está desmantelada sería la peor afrenta a la Memoria. Baste con recordar a Sebastián “Nino” Largueri, de 23 años, secuestrado del interior de una casa en Monte Caseros una noche de agosto de 2015, subido a un patrullero, llevado por policías a un destacamento rural para ser torturado. Al final -aberrante reminiscencia- lo arrojaron vivo a las aguas del río Miriñay. Hoy la causa judicial se encamina a la impunidad.

 

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Entre 1976 y 1983 obreros y estudiantes fueron el principal blanco de la violencia estatal -tal como registró la CoNaDep en el Nunca Más-. Hoy lxs militantes de movimientos sociales y lxs jóvenes pobres son las víctimas de la represión preventiva y selectiva del Estado.

¿Por qué? Porque nos gobiernan, y eso implica un ejercicio de dominación. A través de la violencia policial e institucional el Estado trata de subordinar a sujetos y colectivos sociales rebeldes, contumaces, indómitxs. A inadaptadxs. A desobedientes. A anormales.
La violencia estatal puede atenuarse, como puede intensificarse. También puede focalizarse. Pero siempre -en dictadura o democracia- se aplica: es permanente.

Se tortura. Se viola. Se mata. Se desaparece. Hoy. Ahora. Y, mientras, algunxs comen panchos con salsitas y lluvia de papas, y otrxs, pizzas en porción. Acá.Corrientes. Costanera casi Salta. Diagonal al Puerto. La panchería en la esquina; enfrente, la pizzería. A 30 metros hacia calle Buenos Aires, una casa con escalinatas: el nombre oficial es Dirección de Investigación Criminal; en la jerga: La Brigada. Otra vez ese fantasma del pasado, presente. Muy presente. Pero nos cuesta ver (ni hablar de meterse), quizá porque ser consciente de que en esas oficinas todavía usan el submarino húmedo y la picana para “ablandar” a pibes pobres y “engarronar” causas impediría ingerir un bocado más, ni aún bebiendo de un solo sorbo toda la Coca-Cola que haya en el vasito de plástico.

 

Fotos: @CarlosBraile

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