En días las Reglas de Procedimiento en casos de Flagrancia cumplirán un mes de vigencia en la provincia de Corrientes: un instrumento creado por el Poder Judicial que amplía las atribuciones de la policía, valida los linchamientos y lesiona derechos fundamentales. La Justicia, además de machista, es clasista: basta examinar los apellidos de la nómina de funcionarios judiciales para ver cómo se repiten cierta familias, a la vez vinculadas al poder político. Como un correlato del discurso de la “mano dura” del gobierno nacional los sectores dominantes en esta provincia intensifican la represión preventiva hacia lxs jóvenes pobres: quienes son representados como la encarnación de la inseguridad por los medios hegemónicos. La mayoría de las personas presas son hombres jóvenes sin secundario completo. La aplicación del flagrancia viene a acentuar la política represiva del estado provincial enfocada en la población joven de los barrios periféricos.

    

 

“Desde los organismos anti represivos de Corrientes cuestionamos la esencia, no el modo, en que ha sido puesta en vigencia: lo hacemos en base a la experiencia sobre las prácticas violatorias de derechos en los que se maneja la policía local, que se verán empoderadas a partir de la decisión de la Corte Provincial de aprobar el Reglamento del Procedimiento para casos de ilícitos cometidos en flagrancia”, dicen lxs integrantes de la Red de Derechos Humanos.

 

¿En qué condiciones, en que comisaría, bajo qué jurisdicción judicial, se alojarán los detenidos por flagrancia en Corrientes? ¿No estaremos dando  más atribuciones, más poder a la policía, que tiene grupos de choque, motorizados, de dudoso control y de accionar comprobadamente violento? (léase el caso Grim o caso Alexis Benítez, el joven “suicidado” en la comisaría de El Riachuelo).

 

 

La intervención del “clamor popular” se traduce en nuestra cotidianidad en el linchamiento  -sea culpable o no- de la persona que pasaba por ahí, algo que en Corrientes es habitual: vecinos enardecidos salen a cazar al ladrón y agreden al primer sospechoso

 

“La determinación de flagrancia surge de haber “pescado” a alguien cometiendo un delito pero también de los indicios ‘vehementes’, dice en el Procedimiento. Pregunta: quién, cómo y cuándo se podrá determinar objetivamente la ‘vehemencia’ de la prueba policial si es la propia fuerza la que hace las actuaciones sumariales en menos de 24 horas”, argumentan. Y agregan: “si a veces ni sus fuentes son identificadas. Una denuncia anónima de vecinos de dudosa procedencia, determina una causa armada, como la de Josele Altamirano, por citar un caso que tuvo notoriedad pública”.

 

Según el registros de la Red de DD.HH., más del 50% de la totalidad de las muertes resultantes por el accionar represivo del estado a través de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial se producen dentro de las 24 horas de iniciada la acción (aprehensión o persecusión). En los lugares de detención (comisarías, cárceles, instituto de menores) ocurrieron el 60% de las muertes con responsabilidad estatal.

“La  flagrancia -explica la Red- siempre estuvo contemplada en la legislación penal nacional y provincial. De todos modos, el perfil  restrictivo y de ‘mano dura’ de la gestión Macri-Bullrich-Garavano y su discurso mediático y social sobre las ‘puertas giratorias’ han producido modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación en torno  la flagrancia a nivel nacional en diciembre de 2016. Los legisladores provinciales de Corrientes no han conseguido acuerdos para reformar el viejo código procesal penal provincial pese a estar en agenda desde los últimos 14 años de gobierno”.

 

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A partir de mayo es flagrancia: “cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido (damnificado) o el clamor público; o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en una infracción”. Tal definición ya figuraba en el artículo 287 del Código Procesal Penal de la provincia, que -en el artículo 288- se refiere a otros casos de aprehensión en los que los oficiales y auxiliares de la Policía judicial “deberán aprehender, aun sin orden judicial, al que intentare un delito, en el momento de disponerse a cometerlo, y al que fugare estando legalmente preso. También podrá aprehender a la persona contra la cual haya indicios vehementes de culpabilidad, salvo que sea menor de 18 años, siempre que sus antecedentes hagan presumir que no obedecerá la orden de citación y aparezca procedente la prisión preventiva”.

 

La intervención del “clamor popular” se traduce en nuestra cotidianidad en el linchamiento  -sea culpable o no- de la persona que pasaba por ahí, algo que en Corrientes es habitual: vecinos enardecidos salen a cazar al ladrón y agreden al primer sospechoso: en Corrientes hubo dos muertos (Jorge Raúl Maidana y Nicolás Estigarrivia) durante linchamientos desde  2008 a la fecha. En ambos los autores materiales además estaban vinculados directamente con fuerzas federales (Gendarmería y Prefectura, respectivamente). Son innumerables los casos de violencia civil ante el robo y está aprobación de este “clamor” no hará más que agudizar el fenómeno, producto paradójicamente de la percepción negativa de cómo se administra justicia.

Apuntar el garrote contra la juventud carente de oportunidades y bombardeada por los imperativos de una sociedad consumista es, sobre todo, la mejor distracción para una ciudadanía temerosa:  el problema son esos vaguitos que andan en moto, no los respetables hombres trajeados que tienen el poder. 

 

Desde la Red de DD.HH. advierten: “tendremos más Chocobar; más pibes como Facundo, muertos por las dudas…y todo bien…”.

 

 “Supuestamente -continúan- para calmar a ‘la gente’ que reclama el fin de la ‘puerta giratoria’ le damos más poder a la policía, más credibilidad a sus pruebas (las más de las veces “dibujadas” rápidamente por una instrucción policial que en 24 horas).  Incluso el procedimiento de flagrancia habla de ‘elevar un preventivo electrónico’ al juzgado ¿preventivo electrónico? ¿De qué comisaría hablamos? En el interior de nuestra provincia, el personal policial apenas maneja una máquina de escribir y no existe una comisaría que no esté   denunciada por maltrato y hacinamiento. No hay instalaciones ni infraestructura para este procedimiento, anunciado como efectivo, ágil e imparcial”.

 

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Apuntar el garrote contra la juventud carente de oportunidades y bombardeada por los imperativos de una sociedad de consumista es -sobre todo- la mejor distracción para una ciudadanía temerosa:  el problema son esos vagitos que anda en moto; no los respetables hombres trajeados. que bajan de sus autos y camionetas, para gobernar, legislar e impartir justicia en esas cuatro o cinco cuadras céntricas donde reside todo el poder estatal. Con la flagrancia se perpetúa un mecanismo de fabricación de delincuentes que sirve fundamentalmente para encubrir las otras ilicitudes, las perpetradas por el poder político y económico, que en Corrientes, son siameses. No deberíamos olvidar Pyramis.

 

La Red de DD.HH. es concluyente:

 

“Estamos reforzando el criterio selectivo de la criminalización de la pobreza (por portación de cara, por merodeo, por averiguación de antecedentes).  La policía presume, detiene y aplica flagrancia a quien a priori dictamina culpable: una rápida condena para el presunto pibe chorro.No vemos una normativa que reste impunidad a los arrebatadores y garantice seguridad ciudadana:  vemos un procedimiento sesgado por la justicia de clase, por el poder y por el dinero que redundará en más represión, más violencia institucional y más estadísticas de resolución y agilización de causas, dibujadas con la sangre de quienes menos recursos tienen para enfrentar al sistema”.

 

 

 

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