No cabe duda. Estamos alineados: Nación-Provincia-Municipio. Y esto es evidente, no en la mejora de la coparticipación ni inversión en infraestructura que Corrientes -la segunda provincia con más pobreza de Argentina– necesita. No, estamos alineados y en sintonía fina con el acelerado y gravísimo avance de la represión estatal.

Desde el inicio de la gestión, el gobernador Valdés y su ministro López Desimoni -imitando Macri- intensificaron los operativos blindajes en marchas y movilizaciones, incrementaron los desalojos de tomas y saturaron las calles y los barrios con fuerzas represivas:

Posted by Fob Corrientes on Thursday, November 29, 2018

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) avanzamos hacia un estado de excepción: hacia la suspensión de garantías y derechos. “Nosotros tomamos la definición de Giorgio Agamben, que la desarrolló a partir de todas las modificaciones normativas y de manejo del aparato de seguridad de Estados Unidos después del 11 de septiembre. Esto, que antes se usaba cuando había un terremoto, una invasión o un estado de conmoción interna, se está convirtiendo paulatinamente en el nuevo paradigma de las democracias para controlar el conflicto social a través de medidas que son ilegales, inconstitucionales, pero que tienen el fundamento de legalidad objetiva porque emanan de un gobierno constitucional”, dijo María del Carmen Verdú, una de las abogadas de CORREPI.  

La militarización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que por estos días se observa a través de los medios de comunicación hegemónicos en su cobertura del G20 es la materialización de los denunciado por CORREPI. De forma solapada la ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, dictó la resolución 956/2018 creando el “Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad” que permite a éstas disparar contra la persona “que huye”. “Esta medida ya está en vigencia y se contempla su aplicación para situaciones de peligro inminente de ataque con armas letales contra las figuras de los líderes presentes en la Argentina durante la Cumbre del G20”, dijeron desde la cartera.  La excusa perfecta para agudizar la vía represiva.

G20: gendarmes parapetados antes de la llegada de les manifestantes (Foto: Reuters)
Operativo en el asentamiento Galván III (Villa Alberdi) el 1ro de noviembre, lo repitieron el 29 de ese mismo mes. 

Avanzan las razias en barriadas populosas y marginales asentamientos mientras sobrevuelan las amenazas de desalojos compulsivos y violentos en terrenos tomados por la necesidad habitacional. En paralelo, una  inversión millonaria en equipamiento y efectivos policiales, patrullas motorizadas, escudos y cascos (algunos con cámara) y largo etcétera. Insumos necesarios para aumentar las detenciones arbitrarias por “averiguación de antecedentes”, contravenciones, “atentado y resistencia a la autoridad” y ahora también por infracciones de tránsito.

Lxs carrerrxs trabajadores de la economía popular, son el principal blanco de los operativos policiales ordenados por el ministro López Desimoni.

En Corrientes  esto se pone de manifiesto con la aplicación de la Flagrancia sin que se haya legislado al respecto, solo por acordada del STJ  sin modificar la carta orgánica de la policía. Hoy las fuerzas de seguridad provinciales labran actas de infracción vial, detienen, retienen vehículos y documentación, y la autoridad judicial que tendrá la responsabilidad del juzgamiento de las infracciones de tránsito, funcionara en el edificio del Ministerio de Seguridad de la Provincia. La persecución de los carreros -constantemente detenidos en operativos desplegados en las principales avenidas- es la muestra más clara del carácter represivo de estas nuevas funciones  que apuntan contra la juventud pobre.

Patrullan  nuestras calles y avenidas, saturan con presencia armada -fuerzas conjuntas nacionales y provinciales- y con la excusa de operativos de control vehicular persiguen a luchadorxs sociales antes o después de marchas y movilizaciones. Militarizan barriadas y asentamientos con el pretexto del narcomenudeo. El ministro Lopez Desimoni, relanza -como en otros distritos- a desfederalizar el narcomenudeo y poner a actuar a las fuerzas policiales a su cargo a combatirlo, esa  misma policía provincial que la propia fiscalía federal denuncia como  co-responsable de contrabando de drogas y de amenazas de muerte a sus titulares. A lo que hay que sumar los recientes casos de agentes policiales involucrados en el “robo hormiga” de armas de fuego del juzgado de Monte Caseros o en la conformación de una “banda mixta” que asaltaba comercios en “zonas liberadas”. 

 La única política permanente que aplican desde el Estado (nacional, provincial y municipal) es la represión, persecución y criminalización de lxs militantes y las organizaciones sociales.

Está demostrado que “guerra contra la droga” (la “Argentina sin narcotráfico” de Macri) es una guerra contra los pobres. No son los grandes capos narcos los que pueblan las cárceles; es el pobrerío: amas de casa, madres solas, jóvenes excluidos. El eslabón más chico: gente que sin encontrar posibilidad de trabajo genuino y contención a sus necesidades de vivienda, salud, trabajo, educación recurren en el microtráfico para resolver su sustento.

Los indicadores sociales de Corrientes (pobreza, de trabajo en negro, de madres adolescentes, de deserción escolar) hablan a las claras de la falta de políticas sociales que generen condiciones dignas de vida, única forma de prevenir de manera eficiente que se ingrese en los círculos delictivos y de encarcelamiento. Pero la única política permanente que aplican desde el Estado (nacional, provincial y municipal) es la represión, persecución y criminalización de lxs militantes y las organizaciones sociales

La pobreza que viene generando el ajuste ya no se aguanta, y diciembre apenas por comenzar. Macri-Valdés-Tassano, gobernantes alineados, vertebrados por una única receta: apalear para paliar.

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