La otra cara de la pandemia: represión y muerte en la cárcel

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En la silenciosa siesta de cuarentena ese martes 21 de abril 2020 en la cárcel (Unidad N°1) de Corrientes se escucharon ráfagas largas de disparos y gritos de auxilio.  Unos minutos de la tranquilidad forzada, la avenida 3 de abril vallada por la policía y las sirenas de veloces camionetas de las fuerzas especiales. Afuera familiares de los hombres privados de su libertad, queriendo saber qué pasaba. A uno de los ellos, llamado José María Candia, de 22 años, lo sacaron muerto tendido sobre una plancha de acero y tapado con un escudo rojo. No lo mató el coronavirus sino  un penitenciario de tres balazos de plomo.

#DarioyMaxi: Muertos por taparse la cara

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#16AñosDeLaMasacreEnAvellaneda  #Represión  #Piqueteros

#DarioyMaxi: Muertos por taparse la cara

El 26 de junio de 2002  en un contexto conflictividad social creciente  y sólo seis meses de la rebelión popular de diciembre de 2001, un ejército de policías con sus armas cargadas de plomo disparó y asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la Estación Avellaneda. Maxi y Dario eran militantes del MTD (Movimiento de Trabajadorxs Desocupadxs) que reclamaban el pago de los planes sociales, el aumento de los subsidios de desempleo, la implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados, insumos para escuelas y centros de salud barriales, el desprocesamiento de los luchadores sociales y el fin de la represión.

Criminalizar la insumisión, política de estado

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Ese fuego sigue creciendo: es fulgor de lucha callejera. Combinación en combustión de bronca, indignación y conciencia clasista. Ante la intensificación del ajuste, El estado -en todas sus esferas- recurre a la criminalización y la represión como mecanismo disciplinador. Durante la jornada del lunes 28 de mayo, el centro de la ciudad de Corrientes tuvo un movimiento atípico, augurio de lo que viene: tres marchas simultáneas contra la gestión Macri-Valdés-Tassano. El incremento de la conflictividad social y la aplicación de políticas represivas y criminalizantes ante la creciente insumisión civil.