Por Darío Ramírez
“Ni olvido, ni perdón. Si la justicia los absuelve, el pueblo los condena”.
Soy Darío Ramírez, me enteré del juicio al genocida Héctor María Torres Queirel a través de un comunicado de una agrupación estudiantil y me pareció importante ir a bancar los trapos. Que sepan los culpables que si la justicia los perdona, la sociedad los castiga.
“Mi padre era un hombre instruido, un
cuadro político: por eso lo destruyeron”
El secuestro de Neris Pérez fue un 2 de junio de 1977. Catalino tenía a penas 12 años cuando se lo llevaron, pero de tanto revivir ese momento junto a su madre, lo cuenta como si hubiera sido ayer. Neris estaba en su casa mirando un partido de River-Boca; vestía una guayabera, pantalones cortos y calzaba ojotas. Atendió los golpes en la puerta: un grupo de policías lo obligó a subir a un auto encapuchado. “Mi padre soportó seis días de torturas hasta que lo mataron abriéndole el abdomen y sacándole las víscera, luego su cadáver fue arrojado a un sótano donde pasaba un desagüe”. Según testigos, Neris Pérez (referente sindical de la STIA en Virasoro) estuvo en un centro clandestino de detención de Posadas llamado La Casita de los Mártires.
El primero de agosto del 2017, la cara de Santiago se volvió un ícono de rebeldía: la vimos en las calles, las vimos de fondo mientras entrevistaban a Bullrich, la vimos en conciertos de rock, en el timeline de facebook y podríamos seguir. Una cara que se multiplicó por mil, que inundó las calles, que se plantó delante de las sedes de Gendarmería en toda la Argentina. A un año del día que nació la pregunta: ¿Dónde está Santiago Maldonado?, nos preguntamos: ¿Qué queda de todo eso? Y más importante aún: ¿Qué hicieron con Santiago?
En tiempos en que el arte callejero se ve amenazado por la criminalización, la ciudad de Corrientes es foco de una lucha singular: un colectivo de artistas se está conformando con el propósito de disputar un espacio estratégico. Apoyados en una ley provincial (sancionada hace 4 años por el poder legislativo hace pero no promulgada por el ejecutivo) pretenden convertir la actual Jefatura de Policía en un centro cultural.
El camión llegaba antes del alba para llevarse a los trabajadores. No todos volverían con el ocaso. Era 1976 y “Las Marías” un próspero establecimiento yerbatero con más de 30.000 obreros con turnos que duraban 14 horas. Allí la ley era esa y el resto de los camiones se usaban solo para traslado de cargas. La lucha gremial se había reactivado tres años antes con la conformación de la filial local del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) -con el militante Marcelo Acuña electo primer secretario general-, lográndose algunas reivindicaciones: desde un suplente permanente en caso de necesidad de orinar o cagar hasta la construcción de una sala para la prestación de asistencia médica de la obra social del sindicato. Pero el Golpe de Estado anuló los derechos laborales adquiridos en décadas de disputa (con paros y huelgas) con los capitalistas, entre los que estaban los hermanos Navajas Artaza, quienes por ese entonces administraban la empresa.
El 26 de junio de 2002 en un contexto conflictividad social creciente y sólo seis meses de la rebelión popular de diciembre de 2001, un ejército de policías con sus armas cargadas de plomo disparó y asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la Estación Avellaneda. Maxi y Dario eran militantes del MTD (Movimiento de Trabajadorxs Desocupadxs) que reclamaban el pago de los planes sociales, el aumento de los subsidios de desempleo, la implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados, insumos para escuelas y centros de salud barriales, el desprocesamiento de los luchadores sociales y el fin de la represión.
Ese fuego sigue creciendo: es fulgor de lucha callejera. Combinación en combustión de bronca, indignación y conciencia clasista. Ante la intensificación del ajuste, El estado -en todas sus esferas- recurre a la criminalización y la represión como mecanismo disciplinador. Durante la jornada del lunes 28 de mayo, el centro de la ciudad de Corrientes tuvo un movimiento atípico, augurio de lo que viene: tres marchas simultáneas contra la gestión Macri-Valdés-Tassano. El incremento de la conflictividad social y la aplicación de políticas represivas y criminalizantes ante la creciente insumisión civil.
Al tiempo que publicábamos una nota denunciando el incremento de la represión policial hacia la juventud pobre de Corrientes mediante la aplicación de las “reglas de procedimiento en caso de flagrancia”, leímos que el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA expresaba su preocupación ante la presentación en cámara de diputados de un proyecto para una nueva Ley Antipiquetes, impulsada por el gobierno chaqueño. Provincias hermanas, iguales pero distintas: Chaco y Corrientes sienten, cada a una a su modo, el piedra libre a la mano dura de la gestión nacional Macri-Bullrich-Garavano.
“Vamos a ver, Winston, ¿cómo afirma una persona su poder sobre otra?
Winston pensó un poco y respondió: —Haciéndole sufrir.
LA VIOLENCIA DEL ESTADO A 42 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO-MILITAR-CLERICAL
Voy en bici por calle Elías Abad, a contramano. Un viernes a la noche. Llegó a avenida Teniente Ibáñez; la entrada al barrio Trujillo: la plaza Los Caballos, único lugar que conozco en Corrientes donde santuarios al Gauchito Gil son troncos de Palos Borrachos. Una camioneta negra -luces apagadas, patente invisible- dobla, y chirrían las llantas al raspar el asfalto. Sigue veloz, en dirección contraria al cráter que está una cuadra al fondo; ese negativo de una postal de la rotonda de Costanera Sur. A los segundos lo perdí de vista: el espectro se evanesió en el suburbio.
¿Qué hacían? ¿Quién los controla? ¿Qué haría yo si me pararan? ¿Esto es “seguridad”? Pienso, pedaleo, me alejo…
