#DarioyMaxi: Muertos por taparse la cara

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#16AñosDeLaMasacreEnAvellaneda  #Represión  #Piqueteros

#DarioyMaxi: Muertos por taparse la cara

El 26 de junio de 2002  en un contexto conflictividad social creciente  y sólo seis meses de la rebelión popular de diciembre de 2001, un ejército de policías con sus armas cargadas de plomo disparó y asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la Estación Avellaneda. Maxi y Dario eran militantes del MTD (Movimiento de Trabajadorxs Desocupadxs) que reclamaban el pago de los planes sociales, el aumento de los subsidios de desempleo, la implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados, insumos para escuelas y centros de salud barriales, el desprocesamiento de los luchadores sociales y el fin de la represión.

Criminalizar la insumisión, política de estado

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Ese fuego sigue creciendo: es fulgor de lucha callejera. Combinación en combustión de bronca, indignación y conciencia clasista. Ante la intensificación del ajuste, El estado -en todas sus esferas- recurre a la criminalización y la represión como mecanismo disciplinador. Durante la jornada del lunes 28 de mayo, el centro de la ciudad de Corrientes tuvo un movimiento atípico, augurio de lo que viene: tres marchas simultáneas contra la gestión Macri-Valdés-Tassano. El incremento de la conflictividad social y la aplicación de políticas represivas y criminalizantes ante la creciente insumisión civil.

Las formas de aplacar lo que flagra

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Al tiempo que publicábamos  una nota denunciando el incremento de la represión policial hacia la juventud pobre de Corrientes mediante la aplicación de las “reglas de procedimiento en caso de flagrancia”, leímos que el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA expresaba su preocupación ante la presentación en cámara de diputados de un proyecto para una nueva Ley Antipiquetes, impulsada por el gobierno chaqueño. Provincias hermanas, iguales pero distintas: Chaco y Corrientes sienten, cada a una a su modo, el piedra libre a la mano dura de la gestión nacional Macri-Bullrich-Garavano.

EL PASADO, MUY PRESENTE

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LA VIOLENCIA DEL ESTADO A 42 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO-MILITAR-CLERICAL

 

Voy en bici por calle Elías Abad, a contramano. Un viernes a la noche. Llegó a avenida Teniente Ibáñez; la entrada al barrio Trujillo: la plaza Los Caballos, único lugar que conozco en Corrientes donde santuarios al Gauchito Gil son troncos de Palos Borrachos. Una camioneta negra -luces apagadas, patente invisible- dobla, y chirrían las llantas al raspar el asfalto. Sigue veloz, en dirección contraria al cráter que está una cuadra al fondo; ese negativo de una postal de la rotonda de Costanera Sur. A los segundos lo perdí de vista: el espectro se evanesió en el suburbio.
¿Qué hacían? ¿Quién los controla? ¿Qué haría yo si me pararan? ¿Esto es “seguridad”? Pienso, pedaleo, me alejo…

Morir en la cárcel

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Reflexiones e ideas sueltas sobre la (des)atención de la salud hacia quienes sufren pena privativa de la libertad en las cárceles de Corrientes. Casos y cosas que unx ha visto y escuchado.

Es sabido que el Estado debe asegurar la debida atención de la salud de las personas que están bajo su custodia por estar privados de la libertad. Ahora bien, más allá de lo meramente enunciativo de los deberes internacionalmente contraídos sobre el resguardo de la salud de los privados de la libertad: ¿Cómo se accede a una adecuada atención médica, cuando todo está mediado por el servicio penitenciario? ¿Cómo hace un detenido si está en un pabellón de aislamiento, encerrado por más de 22 horas al día, bajo llave y con la sola y única injerencia del celador? Aquí el primer filtro.