Y dale alegría, alegría a mi corazón,
La sangre de lxs caídxs en rebelión.
Ya vas a ver, las balas que vos tiraste van a volver.
Y sí, señor, vamos a llenar de ratis el paredón

Canción popular piquetera

“Balas para los choferes, balas para lxs vecinxs”, decía una nota que escribimos hace dos semanas atrás cuando la Policía de Corrientes reprimió dos veces en cuestión de horas a los trabajadores de Ersa -que reclamaban por el pago de sus sueldos adeudados- y a la gente que se sumó en solidaridad al reclamo. La represión llegó a afectar inclusive a niñxs y docentes que estudiaban en escuela lindante al depósito de los colectivos. Por esas horas, el gobernador de Corrientes se iba rumbo a China mientras la ciudad y la provincia ardían, la orden fue clara: “mantener el orden”, tal como lo repitió luego el ministro de seguridad, Juan José López Desimoni al negar que haya habido represión. La pregunta es: ¿Cuál es el orden que había que mantener? 

La represión estatal que sigue incrementándose a la par de la complicidad judicial para garantizar su impunidad. 

La gira de Valdés terminó hace uno días: no hubo grandes anuncios, sólo promesas y cierta opinión de tipo turista: En Beijing “no hay ruido”. Mientras tanto, en la provincia que gobierna hubo mucho, pero mucho ruido en las calles y en las conversaciones cotidianas, inevitables ante la abrupta muerte del líder del sindicato de los colectiveros, Rubén Suárez, quien había alcanzado el puesto de senador provincial por el oficialismo. ¿Habrá tenido algo que ver con ese “orden” del que hablaba el ministro?

Como sea, no es el eje de este artículo indagar en los brumosos pensamientos de un hombre que había quedado en medio de la palestra, recibiendo tiros de la policía del gobierno al que pertenece y piedras la clase social a la que alguna vez perteneció. Nuestro objetivo reside en expresarnos ante lo que hoy por hoy es una constante en canales de noticias y portales, que hasta cierto punto se trivializa en la agenda de los grandes medios hegemónicos: la represión estatal que sigue incrementándose a la par de la complicidad judicial para garantizar su impunidad. 


¿Cuál será la excusa o el pretexto esta vez? ¿Quizás, como dijo el ministro López Desimoni, mantener al orden?

Dos ejemplos, recientes y locales, primero el caso del niño que fue baleado por la policía de Corrientes durante las dos represiones a choferes de Ersa y vecinxs del barrio Patono el martes 11 de junio. Su familia con coraje fue al día siguiente a la Fiscalía y denunciar el accionar policial, presentado pruebas en video y testimonios. Pasaron dos semanas  y nada. El otro es la más que llamativa decisión del juez de instrucción de Monte Caseros, Eduardo Alegre, de dictar falta de mérito a los cuatro policías que secuestraron e hicieron desaparecer a Sebastián “Nino” Largueri. El magistrado consideró que no había elementos ni siquiera para llamarlos a indagatoria, pese a que el Tribunal de Paso de los Libres se lo instó al devolver la causa a su juzgado. 

En el resto de país también han ocurrido casos resonantes: Silvana Maldonado, una adolescente y madre ejecutada en la puerta de su casa por la Policía de Santiago del Estero durante un operativo por el robo de una amoladora. O el asesinato del médico en Burzaco, al que la policía bonaerense dijo que confundió con un ladrón y por “temor” disparó a matar. La misma fuerza represiva que causó la muerte de los cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, en la masacre de San Miguel del Monte, y el mismo argumento -el temor- que el policía de Corrientes Julio Maldonado esgrimió para exculparse de haber fusilado con su itaka al adolescente Exequiel Riquelme, en 2010 en el barrio Pío X, la (in) justicia lo condenó a 5 años. Esta semana nos enteramos de que la policía bonaerense volvió a asesinar: esta vez a un pibe -de la misma edad que Exequiel- en La Tablada (partido de La Matanza), se llamaba Matías Alderete y estaba yendo a la escuela: ¿Cuál será la excusa o el pretexto esta vez? ¿Quizás, como dijo el ministro López Desimoni, mantener al orden?

La nómina de víctimas del aparato represivo del Estado no para de crecer, sólo por recordarlos: Facundo Ferreyra, Rafael Nahuel, Santiago, Mauro y Francisco y tantxs otrxs caidxs. En Corrientes, la Red de Derechos Humanos y el Observatorio de Conflictos Sociales han contabilizado un mínimo de 120 casos desde el retorno a la democracia: de los cuales 100 han ocurrido desde la insurgencia de 1999 conocida como el Correntinazo (el segundo, 40 años después del primero: donde la policía mató el estudiante universitario Juan José Cabral). A nivel nacional CORREPI denuncia que durante Mayo de 2019 por la Doctrina Chocobar hubo más muertos que días: “Cambiemos, con Macri y Bullrich a la cabeza, convierten esta denuncia en parte central de su discurso con orgullo”. Y aunque pasen los años y los responsables políticos no sean juzgados, no nos olvidamos de Maxi y Darío


Cada unx y todxs juntxs, desde nuestro lugar, estamos creando las propias islas de autonomía y archipiélagos de solidaridad

Por esto, cuando hablamos de violencia estatal y represión, no nos enfocamos en la persona que ejecuta -no nos interesa eso de que “hay policías buenos y malos”-, lo que nos importa es hacer notar que son instituciones que se basan en la aplicación permanente de la violencia, que su dinámica es la represión y la muerte es una resultante necesaria pero no la única, más bien (como el femicidio a la violencia patriarcal) es el extremo máximo de otras violencia más “micro”: como la represión en Ersa o el 9 de Mayo a  lxs militantes de la CCC en avenida 3 de Abril; o el hostigamiento a las organizaciones sociales y la persecución a la juventud de los barrios y a lxs consumidorxs de marihuana recreativa; o la persecución a lxs artistas callejeros y a los conductores de motocicleta. 

Ese es el orden que hay que mantener: un sistema de crueldad donde la represión del Estado (como nos demostró la última dictadura) se vuelve una garantía para perpetuar los privilegios de los de arriba, esa clase a los que pertenecen los gobernantes como el ministro López Desimoni, el gobernador Valdés y el presidente Macri. Ese es el orden hay que desordenar. Y no existe una única forma de hacerlo, no sera la gran revolución: cada unx y todxs juntxs, desde nuestro lugar, estamos creando las propias islas de autonomía y archipiélagos de solidaridad, forjando pequeñas revoluciones cotidianas para invertir este orden que nos margina y mata. Nosotrxs escribimos, esa es nuestra manera, pero hay miles. Eso sí, como lo dijo B. Durruti alguna vez durante 1936, en pleno fragor de la guerra contra el fascismo: “Al capitalismo no se le discute, se le destruye”. 

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