¿Quién gana y quién pierde nuevamente en la ciudad?

Hace algunos meses en la ciudad de Corrientes se escucha hablar sobre el “Plan Costero”: se dice que es una transformación de la costa de la ciudad que beneficiará a todos los correntinos y las correntinas, que atraerá al turismo y brindará más espacios públicos a la ciudad para el disfrute de todxs. 

Vivimos en momentos de desinformación generalizada. Lxs vecinxs de la ciudad nos encontramos atareadxs por el trajín cotidiano, por la necesidad de trabajar, estudiar, vivir y sobrevivir. Entre todo esto, casi siempre se nos escapan las decisiones que se toman en los espacios de representación donde nuestros gestores públicos, aquellos empleados con sueldos holgados, deciden por “todos” (y supuestamente “para todos”) lo que es mejor. Sin embargo, creemos que muchas veces, estas decisiones no se dan a conocer de forma correcta a todxs lxs ciudadanxs.

Por otro lado, en una de las ciudades con los porcentajes de pobreza más altos, es necesario y urgente poner en discusión para quiénes se toman las decisiones políticas-urbanas o cómo repercuten en las mayorías. Es por esto que, para esclarecer algunas cosas que se oscurecen (o invisibilizan), decidimos contar qué es lo que tanto nos desconcierta del llamado “Plan Costero” en la ciudad de Corrientes y así destrabar algunas acciones que “no se ven” o “no se dicen”; situaciones que nos preocupan y preguntas que surgen. 


 1* ¿Qué es el “Plan Costero” o “Plan Aguas Brillantes”? 

Es la pregunta que nos hacemos muchxs. Hasta el momento, si cualquier ciudadanx quiere saber de qué se trata el “Plan Costero”, los únicos documentos a los que puede acceder son: una ordenanza municipal (N° 6635/2018) recientemente aprobada (agosto de 2018), una nota en la página del municipio y un concurso en el que participaron algunos arquitectos. Se trata de una propuesta encabezada por la gestión actual del Municipio (Intendencia de Eduardo Tassano) a través de su Secretaría de Desarrollo Urbano, por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE, Estado Nacional), el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación (Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública); el Gobierno de la Provincia y el Plan Belgrano. Todos estos organismos nacionales, provinciales y municipales, como sabemos, están alineados partidariamente en este momento particular de gestión. 

A primera vista, nos desconcierta que se habla de “plan costero” pero NO es un plan de toda la costa de la ciudad, sino para la costa del Área Central y poco más, entendiendo que existen más de 14 km. de bordes ribereños en la ciudad donde habitan muchxs correntinxs y siempre han sido áreas postergadas por la gestión urbana para la llegada de servicios, infraestructura, vivienda, etc.  

En principio, en la nota del municipio parece que todo está muy bien…¿quién podría oponerse a un “Plan de Desarrollo Costero” con (…) “una planificación y gestión con visión a largo plazo para incrementar el bienestar tanto de vecinos como de turistas que recorran la ciudad, mejorando la costa ribereña, el acceso a ella y sus áreas de influencia”? Especialmente porque menciona “la puesta en valor de todo el frente costero correntino”, para convertirla en una “ciudad de oportunidades”. También se habla de “fomentar la transferencia en la gestión y la participación de todos los actores”  y “poner a disposición terrenos a fines de construir infraestructura y servicios de vocación pública”. Sin embargo, detrás de todas estas buenas intenciones, ¿qué es lo que realmente se está haciendo?  

Se dice que con el Plan Costero “se recuperan para el uso público 89 de las 111 hectáreas que integran el área”; también se garantiza la “libre circulación y el uso de los espacios ubicados en el borde de la costa, generando un recorrido continuo de 4 kilómetros, conformado por paseos y pequeñas plazas que vinculan el puerto con la Costanera Sur”. Grandes parques, generosas ramblas, importante paseos, nuevas calles y nuevas áreas culturales y deportivas distinguen a este mega-proyecto. ¿Pero acaso ese paseo o recorrido continuo de 4 km no existe ya? La respuesta es sí, es la costanera que todxs conocemos.

A primera vista, nos desconcierta que se habla de “plan costero” pero NO es un plan de toda la costa de la ciudad, sino para la costa del Área Central y poco más, entendiendo que existen más de 14 km. de bordes ribereños en la ciudad donde habitan muchxs correntinxs y siempre han sido áreas postergadas por la gestión urbana para la llegada de servicios, infraestructura, vivienda, etc.  

La Ordenanza 6635 de la ciudad de Corrientes, fue presentada por el Municipio y, de una semana a la siguiente, fue aprobada por mayoría simple en el Concejo Deliberante (9 a 8 concejales) en Agosto del 2018. La misma crea el “Plan Urbano Costero” y define una serie de artículos controversiales (para leer nuestro análisis y algunas preguntas sobre la misma pueden hacerlo aquí).


 2* ¿Qué nos preocupa?

Vemos que existen problemas, contradicciones y ambigüedades de base en esta propuesta sobre la cual planteamos preguntas y ensayamos algunas posibles respuestas. Más allá del discurso y de las buenas intenciones expuestas por la actual gestión municipal, lxs vecinxs de la ciudad debemos activar un posicionamiento crítico. ¿Es realmente un proceso “para todos”? ¿O se tratará, a fin de cuentas, de un negocio para pocos?

 A/ ¿Es un plan?

Un plan no es una receta. Sin embargo -para poder hablar de un Plan Urbano propiamente dicho- debe existir, en principio, un documento en el que se detalle el modelo de gestión, los porcentajes de usos, las formas de financiamiento. Debe consistir en un conjunto coherente y organizado de políticas, proyectos. Se debe, además, partir de un diagnóstico del área que permita conocer qué usos y funciones existen actualmente en esos espacios. La normativa tendrá el objetivo de ayudar a su implementación, establecer los instrumentos que estuvieron previamente propuestos en el Plan. Entonces, ¿por qué se aprobó primero la ordenanza si no existía todo lo anteriormente dicho?

Queremos dejar en claro que, desde la disciplina del urbanismo y la planificación, resulta una incoherencia comenzar a ejecutar acciones (como una normativa) que modifican las condiciones del territorio, para luego planificar cómo continuar. La normativa debería ser consecuencia de una planificación previa, que manifieste de forma pública las intenciones de lo que se procederá a ejecutar, y no a la inversa. Si no están dispuestos los pasos de manera precisa, instancias y etapabilidad: ¿Cómo se puede monitorear o auditar esto desde otras instituciones o mismo desde los vecinos de la ciudad? ¿Cómo se garantizan los estudios de Impacto Ambiental, las instancias de participación para personas o grupos directamente afectados?

Se habla de “abrir”, poner a disposición de “todos” un espacio costero que, en principio, ya es de todxs.

Por otro lado, la ordenanza que define la edificabilidad (m2 y altura a construir) de los terrenos no pasó por los procesos de legitimación o participación ciudadana. No siguió las instancias democráticas predefinidas, ya que aunque no sean espacios vinculantes, debía pasar por Comisión Permanente de Revisión del Código de Planeamiento (Resol. N° 2472/06)encargada de evaluar usos, edificabilidad, etc.y Comisión del Casco Histórico (Ordenanza de Preservación del Casco Histórico), encargada de evaluar la preservación de los espacios y edificios de Interés Patrimonial y Cultural. También se anularon los espacios de participación ciudadana (exigidos en la Constitución Nacional). Estas comisiones deberían validar las propuestas presentadas por el Departamento Ejecutivo antes de que sean elevadas al Concejo Deliberante.

Resulta preocupante la ordenanza en cuestión que, por un lado, da extrema libertad al Ejecutivo Municipal (Intendencia y Secretarías) para crear nuevas unidades de gestión, definir y ejecutar lo que considere sin que vuelva a ser debatido por el Concejo (Art. 23); mientras que, por otro lado, otorga mucha libertad a los futuros dueños de la tierra (Art. 15) para decir qué partes finalmente serán privadas y públicas. Esto plantea, sin dudas, un enfrentamiento de intereses privados contra intereses comunes. Aquí está en juego el espacio público que tanto se busca “generar y revalorizar”.

Se habla de “ciudad de oportunidades”. Nos preguntamos: ¿de qué tipo de oportunidades están hablando? ¿Para quiénes? Hasta el momento, en función de lo que dispone la ordenanza, el proceso se perfila como una habilitación a la subasta (venta al mejor postor) de tierra pública (nacional o provincial) para que se desarrollen emprendimientos urbanísticos por parte de desarrolladores inmobiliarios que los conduzcan, diseñen, organicen ellos mismos. Ellos dirán qué espacios “ceden” al municipio (la Ordenanza define tan solo porcentajes). Es decir, una gran contradicción: se subasta la tierra a privados, a precios seguramente no muy altos, y se les da mucha capacidad constructiva (hablamos de torres de 35 pisos) para que ellos desarrollen sus negocios. 

Todo lo expuesto hasta aquí nos hace temer de que el llamado “Plan” trata de una sistemática enajenación o venta de tierras públicas, dándole a los nuevos dueños tan sólo algunos mínimos requerimientos, pero aumentando la rentabilidad del suelo de manera exacerbada, en una de las áreas más consolidadas y cualificadas de la ciudad. Entonces, se trata de un gran negocio. 

¿Cual es el rol del  Municipio en estos terrenos? Creemos que, tal como se están dando las cosas, se trata de un auto-vaciamiento e incumplimiento de las propias funciones públicas que tiene el mismo (en función de lo que define el Art. 14 de la carta orgánica).Teniendo en cuenta los enormes problemas que enfrenta diariamente la ciudad, ¿cómo se justifica el inconmensurable “regalo” de permitir desarrollos inmobiliarios millonarios que no van a paliar ningún problema concreto de los correntinos?

Se habla de “abrir”, poner a disposición de “todos” un espacio costero que, en principio, ya es de todxs. Porque, como dijimos antes, la tierra es del Estado Nacional, la Costanera Gral. San Martín ya posee 4 km de espacios abiertos. Es cierto que se está buscando integrar a la ciudad nuevos predios del Estado Nacional o Provincial para “espacio público”. Pero si van a ser subastados, ¿Cuánto quedará para la ciudad? ¿Cómo podrá gestionar el municipio estos espacios luego de venderlos? Mientras tanto, desde Nación se celebra como fue presentado el Plan Urbano ante Inversores. Desde la Agencia de Bienes del Estado se emiten decretos que comienzan a habilitar la tierra pública a privados de los predios del Ex-barrio de viviendas militares (ver aquí). También puede accederse al decreto que ya habilitó la subasta del Regimiento 9, la tasación en uno de los últimos informes de Marcos Peña (aquí) presentado al Congreso, y la publicación en formato de propaganda inmobiliaria del remate de los predios de las casas del ejército (aquí)

Todo lo expuesto hasta aquí nos hace temer de que el llamado “Plan” trata de una sistemática enajenación o venta de tierras públicas, dándole a los nuevos dueños tan sólo algunos mínimos requerimientos, pero aumentando la rentabilidad del suelo de manera exacerbada, en una de las áreas más consolidadas y cualificadas de la ciudad. Entonces, se trata de un gran negocio. 

 B/  ¿Para quiénes?

Pareciera que esto es algo que pasa lejos y que “no nos toca”, ya que se trata del área central cualificada, con servicios, infraestructura y con las mejores condiciones de Espacio Público. La mayoría de lxs vecinxs vivimos en barrios de la periferia, con calles sin pavimentar, sin alumbrado público, en una casa construida de a poco o alquilando. Entonces, ¿cómo afecta a los vecinos de la ciudad de Corrientes el denominado “Plan Costero”?

Claramente, ya que la intervención se propone en un área que consolida funciones estratégicas (como el puerto, vías navegables) o espacios de gran valor patrimonial, nos concierne a todxs. Sin embargo, en la distribución histórica de recursos en la ciudad (presupuestos dinerarios de la gestión, mejoras urbanas en infraestructuras, normativas que valorizan los terrenos, etc.) siempre se consagran ganadores y perdedores. ¿Quiénes y cuántos estarán de cada lado en el resultado de esta contienda? (Invitamos a leer este ensayo al respecto)

La tierra pública que está en nuestra ciudad la venden desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Nación). Los privados dueños de esta tierra serán inversores extranjeros, nacionales, regionales o locales (o un conjunto de todos ellos). Lo que es innegable, es que serán unos pocos los que decidirán que se construirá y que pasará en esos espacios. Los recursos que se capten de la venta de esta tierra quedarán en la Capital Federal (CABA) o quién sabe dónde. 

Es la lógica de que se puede vivir, acceder, consumir sólo donde se puede pagar. Son las antípodas de la vivienda o el espacio como “bien de uso”, como derecho. En este caso la tierra, los inmuebles a construir serán solo mercancías. 

Si retrocedemos un poco, también pensamos: como tierra pública, sea ésta de dominio del Estado Nacional, gobierno provincial o del Municipio, se trata de un bien colectivo o bien común. El Estado en sus diferentes estamentos debe administrarlos de manera que beneficie a la totalidad de lxs ciudadanxs. Entonces, ¿por qué se la vende?

La ordenanza habilita la construcción de torres de 105 mts. (aproximadamente 35 pisos) y les da grandes porcentajes para desarrollos inmobiliarios en las llamadas “Unidades de Gestión”. Hablábamos de que la ciudad es una de las más pobres del país, con un déficit habitacional altísimo (ver mapa de déficits cuantitativo o mapa de condiciones de precariedad habitacional, disponibles aquí o informe de Santa Catalina sobre el déficit habitacional, pág 118). Siguiendo esto, si tomamos el caso de la Costanera Sur, las torres que se están desarrollando en este momento tienen un costo de preventa de 2000-3000 $USD/m2. Es decir, que un departamento de 150 m2 vale aproximadamente 375.000 $USD, rondando los 16 millones de pesos argentinos.  

Por lo que sabemos, no se tienen previstas formas de acceso a la vivienda para el conjunto de la población, con lo cual quedan reservados a quienes puedan adquirirlos por vías de mercado, es decir, casi nadie en la provincia más pobre del país. Por lo tanto, es muy probable que estos departamentos se conviertan en inmuebles ociosos (es decir, sin gente que los habite); entendiendo que esto se vuelve rentable ya que el valor del inmueble no se deprecia por el uso y participa como activo financiero. Además, sabemos que para los grandes capitales, pagar expensas y otros gastos de mantenimiento, no es un costo alto frente a la riqueza que garantiza un inmueble.

Mientras tanto la ciudad desborda de problemáticas y de espacios de exclusión de población que siquiera son pisados por nuestros gobernantes. ¿Qué sucede con otras áreas de la ciudad, eternamente postergadas?

Y si en lugar de edificios de departamentos pensamos en otros usos (hoteles u oficinas, por ejemplo), la situación es aún más grave. ¿Con qué argumento se promueve la construcción de tantos m2 de espacio para un uso simplemente destinado a enriquecer a cadenas internacionales, en lugar de que la población pueda habitarlo? La respuesta, que suele ser la farsa de los beneficios de “la industria sin humo” del turismo, arroja a la población migajas de una gran torta que comen otros, cuando los problemas fundamentales (como el acceso a la vivienda digna) no están resueltos.

Es la lógica de que se puede vivir, acceder, consumir sólo donde se puede pagar. Son las antípodas de la vivienda o el espacio como “bien de uso”, como derecho. En este caso la tierra, los inmuebles a construir serán solo mercancías. Además, se trata de la re-centralización de todas las actividades e inversiones, la elitización espacial ya que solo podrán vivir allí los ricos. Mientras tanto la ciudad desborda de problemáticas y de espacios de exclusión de población que siquiera son pisados por nuestros gobernantes. En ese sentido, nada de lo transformado por el “Plan Costero” redunda en beneficios para su re-distribución en otras áreas de la ciudad, con lo cual el único aporte para lxs ciudadanxs (el “espacio público”) realmente significa más y mejores espacios recreativos para el área que ya cuenta con ellos. ¿Qué sucede con otras áreas de la ciudad, eternamente postergadas?

Entonces estamos ante una falacia. El espacio no es para “todos”, los beneficios de esta transformación tampoco. Si hablamos de que la desigualdad crece tanto a nivel mundial, como nacional, como al interior de nuestra ciudad… ¿De qué manera este proceso, mal-llamado Plan, puede mejorar las condiciones sociales, económicas o urbanas de las mayorías?

 C/   ¿Por qué y quiénes nos manifestamos?

Hablamos en plural, ya que nos sentimos parte de un colectivo de vecinxs autoconvocadxs. Nos tachan de “violentxs”, “conservadorxs”, aquellxs que no queremos “el progreso” para nuestra ciudad. Aquí amerita ver las definiciones múltiples de “progreso”, sin embargo, creemos que esta noción muchas veces desacredita las voces de aquellxs que reclaman el derecho a la ciudad, a opinar y tomar decisiones sobre esta, a participar de la defensa de los espacios colectivos, de la protección del patrimonio, etc.

Nos sabemos parte de lxs perdedorxs: porque estamos afectadxs directamente (nuestros espacios de trabajo, de reivindicación, de lucha por los DDHH); nos sentimos tocadxs por un proceso plagado de contradicciones, de exclusión de voces, de inconstitucionalidades, de acrecentamiento de las desigualdades ya existentes en la ciudad. Las personas que nos hemos autoconvocado y movilizado por esto somos muy diversas, disentimos en ciertos posicionamientos pero nos mueve la misma preocupación. Los medios de comunicación, en general, tanto como algunos funcionarios, intentan descalificar nuestra lucha. El proceso “Plan Costero” llevado adelante (hasta el momento) carece de legitimación ciudadana. 

Y aclaramos: no estamos en contra de un proceso de transformación de la costa, de inclusión de espacios sub-utilizados o del “espacio público”. Somos una masa de vecinxs muy heterogénea que, desde diversos lugares, cuestiona el proceso seguido. Cuestiona la subasta de tierra pública, la construcción de un gran número de torres de alto nivel, el desinterés de la actual gestión por seguir instancias legalmente exigidas para la participación ciudadana, o espacios técnicos diversos de discusión. Por eso mismo, compartimos ESTE DOCUMENTO que nombra a las agrupaciones que hemos participado hasta el momento exponiendo diferentes puntos de vista. 

Agradecemos la lectura atenta hasta este final con puntos suspensivos. Esperamos haber despertado tu preocupación también, para que seamos más los que pidamos respuesta a todas estas preguntas. Comunicate con nosotrxs, estamos abiertos al diálogo y a las propuestas para recordar a nuestros gobernantes que el poder viene de la población. Incorporate a esta población que exige revisión de decisiones tomadas que nos afectan a todos.

Documento de Organizaciones adheridas al documento y comunicados. 


Contacto: Turba  – Colectivo de Hábitat https://www.facebook.com/turbacolectivodehabitat/

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